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Esta ley busca abordar el rezago estructural de Argentina en industrias de frontera, causado por inestabilidad normativa y presión tributaria. Propone un régimen integral de incentivos, seguridad jurídica y estabilidad por 30 años para atraer grandes inversiones en nuevas actividades económicas como inteligencia artificial y biotecnología. Aunque se espera generar empleo y aumentar exportaciones, críticos señalan que el régimen podría implicar una cesión significativa de autonomía fiscal y regulatoria, y favorecer la concentración económica en grandes capitales, limitando la capacidad de acción de futuros gobiernos y jurisdicciones locales.